La Secretaría de Gobernación a través de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón, dio a conocer una base de datos con 26 mil 121 casos de “personas no localizadas” en México. Organizaciones como Human Rights Watch, Cadhac (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.), el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Fundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), han expresado que contar con un registro de los desaparecidos constituye un esfuerzo significativo pero insuficiente, pues para ellos lo más importante es generar una estrategia integral que permita localizarlos y terminar con el aumento de esta tragedia humanitaria.
De acuerdo con Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y de Fundec, es necesario contar con un registro profesionalizado “para definir las estrategias de intervención adecuadas y urgentes en la búsqueda de los desaparecidos”, añadió que organizaciones como la suya han entregado listas que han sido ignoradas por las instituciones gubernamentales.
En el informe “Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada”, la organización internacional Human Rights Watch documentó 249 desapariciones correspondientes al periodo 2006-2012. Del total de casos documentados, 149 corresponden a desapariciones forzadas, es decir, privaciones de la libertad en las que hubo una intervención directa o indirecta por parte de agentes del Estado. En el informe se detalla la participación en 20 casos de agentes de la Marina, en 13 de la policía federal y en 95, de los agentes locales.
Blanca Martínez señaló que en el estado de Coahuila el clima de violencia ha impedido que se logren las tareas de búsqueda y rescate de desaparecidos y enfatizó que no existe un desmantelamiento de los grupos delictivos que realizan las desapariciones. La integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios añadió que las autoridades tienen conocimiento de las características de los desaparecidos y de las formas de operar de las bandas delictivas por lo que resulta lógico plantear que estos grupos operan con la aquiescencia de los agentes de seguridad estatales.
En el caso de Nuevo León, Consuelo Morales, directora de Cachac, reportó que de 2009 a lo que va de 2013 tienen documentados 221 casos que representan 1054 personas desaparecidas. De acuerdo con Consuelo Morales estos datos no dan cuenta de la realidad, pues la mayor parte de las víctimas no denuncia por temor a represalias por parte del gobierno o de la delincuencia organizada.
Tanto para las organizaciones referidas como para los familiares de los desaparecidos, la existencia de un registro profesionalizado es muy importante porque les da certidumbre respecto a la labor de búsqueda de las autoridades y porque constituye una herramienta fundamental para que el gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados, puedan definir estrategias claras para atender estos casos. La lista de “personas no localizadas” de Gobernación y la “guerra de cifras” sobre desaparecidos en México da cuenta de la inexistencia de una labor seria en el seguimiento de estos casos y confirma, de alguna manera, la anuencia gubernamental con la que opera la delincuencia organizada en el desarrollo de esta tragedia “aparentemente ignorada” por las autoridades del país.
Escucha el testimonio de Rosario Morales, familiar de José Martín, desaparecido en Coahuila
Escucha el testimonio de Arturo Rojo, padre de desaparecido en Coahuila
Escucha a Blanca Martínez, de Fundec
Adriana Aguilar
Fotos: nuklearnoticias.mx
fpnoticias.com
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