Un comando de cuatro patrullas tripulados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), agentes de la Guardia Municipal de Huehuetoca y policías del Estado de México, realizaron un operativo de verificación y control migratorio en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Los agentes, allanaron el comedor Migrante San José y extendieron el operativo hacia el Albergue San Juan Diego. El operativo culminó con la detención de 30 migrantes. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Migración, la actuación de las autoridades fue ilegal. Martha Sánchez Soler, coordinadora ejecutiva del Movimiento Migrante Mesoamericano, y Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comentaron que en operativos como el del pasado 17 de junio lo común son las violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes.
El comedor San José y el Albergue San Juan Diego son dos espacios de descanso y ayuda humanitaria para los migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. Daniel Zapico detalló que el artículo 76 de la Ley de Migración “prohíbe los operativos de verificación de status migratorio en aquellos lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o protección a las personas migrantes”.
Martha Sánchez añadió que, además de que el operativo se realizó en un lugar prohibido por ley, estuvo a cargo de agentes municipales y no de migración, lo que constituye otra violación en el procedimiento.
En contradicción con lo ocurrido en el operativo, Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) declaró, de acuerdo con el director de Amnistía Internacional México, que “los migrantes son un grupo en situación de vulnerabilidad y que había instruído a todo el personal de INM a privilegiar el respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes independientemente de su situación migratoria”.
La situación de los migrantes en su tránsito por México ha sido calificada como una tragedia humanitaria. En la pérdida de la vida y en la violación de sus derechos humanos, están involucrados agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno en colusión con grupos de la delincuencia organizada. Al respecto Daniel Zapico señaló que resulta preocupante que las instituciones migratorias desplieguen un operativo tan amplio para detener a migrantes y, sin embargo, no realicen acto alguno “para perseguir, identificar a las personas responsables de los secuestros, de la trata, de los asesinatos, de la violencia sexual contra los migrantes y contra quienes les defienden”.
Un aspecto trascendental para la política migratoria mexicana es la reforma que se discute en los Estados Unidos. Uno de los aspectos de mayor interés es el tema de las deportaciones, las cuales, de acuerdo con información de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas, aumentaron durante el gobierno de Obama, a un promedio de 400 mil personas por año.
Martha Sánchez Soler menciona que el tema de los migrantes sólo se ha abordado desde la perspectiva de la seguridad y no desde su aspecto humanitario, prueba de ello son las restricciones a las que se deberán enfrentar aquellos que quieran nacionalizarse.
Los migrantes que van hacia los Estados Unidos, transitan en un campo minado por la violencia y la corrupción en nuestro país y, por otro lado, deberán enfrentarse a medidas de seguridad extremas para cruzar la frontera. De conformidad con lo aprobado hasta ahora en el Senado de Estados Unidos, el número de agentes federales en la frontera pasará de 18 mil a 38,405 a lo largo de 3,200 kilómetros; se levantarán más de 80 kilómetros de nuevas vallas hasta un total de 1,120 kilómetros y el gobierno estadounidense adquirirá nuevo equipo de seguridad: aviones, helicópteros, barcos, miles de detectores térmicos, movimientos infrarrojos y sísmicos, cientos de cámaras fijas y radar móvil.
ADRIANA AGUILAR
FOTOS: Dalila Chagoya
animalpolitico.com
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